Se trata de comprobar si existen problemas jurídicos que puedan obstaculizar la adquisición de la empresa (pacto de accionistas, cláusula de tanteo,...) o externo (patente a nombre de personas,...). igualemente hay que tener bien identificado las acciones legales actuales o potenciales contra la empresa, incluido los riesgos medioambientales y sociales.